El 6 de diciembre fue una decepción observar la nueva performance que habían ideado algunos colectivos independentistas. La cristalización de la incoherencia una vez más. Tampoco se puede decir que el movimiento independentista haya estado plagado de sentido.
La quema de constituciones es otra escenificación del agotamiento de la tropa indepe, no crean estos que quemar una Constitución de un Estado de Derecho es la mejor de las maneras para poder reivindicar cualquier tipo de lucha, o al menos no una lucha democrática.
Hace tiempo que las formaciones independentistas confunden, democracia, con la forma de dar consecución de sus aspiraciones, mis ideas son igual a democracia, y pobre del que se oponga. En este punto coinciden con las tesis de Jordi Cabré, cuando el otro día decía en una entrevista de TV3 que la palabra democracia tiene significados diferentes según en la lengua que uno la expresa, quizás tuviera razón, pero no de la forma en la que él creería. Lamentable igualmente.
Claro está pues, la democracia, o la interesada democracia que les interesa a según que facciones del independentismo es la que les favorece a ellos en exclusiva, y a la que procura que sus decisiones sean ejecutadas, todo lo demás por tanto, es opresión sistemática. Me gustaría preguntarles si en unos de sus alardes democráticos por ejemplo del 6 y 7 de septiembre de 2017 se acordaron en algún momento de la otra cara de Catalunya mientras pisoteaban su existencia y la de sus representantes en el Parlament. Apostaría que no.
La señora Vehí de la CUP ve la constitución cómo sinónimo de represión. Con suerte tendrá 4 años por delante para poder expresar sus tesis en el Congreso de los Diputados, por cierto.
Decía que es represiva en el sentido de que defiende la unidad territorial, por encima de cualquier derecho democrático, y que ello mismo constituye un problema para la garantía de derechos.
Huelga decir que a lo que se refiere en exclusiva la señora Vehí, es el derecho a la autodeterminación, eso es todo. En eso se basa su cruzada incesante de derechos y libertades, en la búsqueda de un medio por el cual legitimar la creación de un nuevo Estado nacional en el estómago de la Unión Europea. Cosa que como reiteradamente se ha explicado por cientos de foros, no existe aplicado a un territorio como Catalunya con las características que reúne, tal y como resume la sentencia 90/2017 del Tribunal Constitucional:
“Por lo que concierne al derecho comparado (salvo alguna excepción anecdótica, como las de Etiopía o las del archipiélago de San Cristóbal y Las Nieves), ninguna Constitución reconoce en la actualidad un derecho de secesión de una parte del territorio de un Estado. En esa misma línea, existe consenso en que las peculiares previsiones de Canadá (opinión consultiva del Tribunal Supremo, de 20 de agosto de 1998) y Sudáfrica (sección 235 de su Constitución) no equivalen en modo alguno a un derecho de secesión, tan solo previsto, yendo al derecho histórico, en las Constituciones del bloque soviético. Es más, los Tribunales Supremos de los estados federales con un mayor grado de descentralización territorial han negado con rotundidad cualquier aspiración secesionista (caso Texas vs. White, de 1868, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y la frecuentemente citada declaración del Tribunal Supremo de Canadá, de 20 de agosto de 1998, que dejó bien establecido que la secesión de Quebec tan solo resultaría factible si antes se procedía a una reforma de la Constitución federal).”
Mal que pese a muchos y a su propaganda. España goza del reconocimiento internacional necesario para asegurar que es un Estado democrático, social y de derecho. Justo como expresa el artículo 1.1 de la norma fundamental. Por lo que retiene más legitimidad que la de los tertulianos que transitan los pasillos de TV3.
Ofende la ignorancia al ver quemar un texto que otorga los mayores niveles de reconocimiento, autogobierno y de derechos que Catalunya haya tenido en su historia.
Queman toda la organización burocrática del gobierno de Catalunya, llamado Generalitat, interesadamente interpretado como la continuación de una institución medieval. Que, si lo aplicásemos al esquema actual, llegaría a poco más que a una oficina recaudatoria con un clérigo a su cargo, eso sí, en ningún momento democrática.
Queman la memoria de todos aquellos y aquellas que dieron su vida desde 1976 a 1978, por ese texto y que entendieron que la cultura política en España había cambiado y que no habría otra solución que el entendimiento, la concesión y el consenso.
Queman en definitiva el único puente por el que podrían transitar.
